
El viernes, una vez más, las aplicaciones dieron errores y hoy esas plazas vacantes no se han cubierto.
Hoy, de nuevo, no se han cubierto las sustituciones en Cocina, Limpieza, personal técnico de TIC, Educación Especial ni en el colectivo docente. En este sentido, el Departamento ha incumplido lo establecido en los convenios laborales de los tres colectivos del Departamento de Educación que trabajan en la enseñanza pública. Además de perjudicar las condiciones laborales del personal sustituto, hoy se han incrementado las cargas de trabajo del conjunto del personal, se ha obstaculizado el funcionamiento habitual de los centros educativos y se ha perjudicado la calidad del servicio educativo.
Una educación pública de calidad exige, entre otras cuestiones, que los procesos administrativos se lleven a cabo de manera eficaz; en este caso, que las sustituciones se cubran desde el primer día laborable. Para ello, tal y como LAB ha señalado en numerosas ocasiones, es imprescindible disponer tanto de los recursos técnicos adecuados como de los recursos humanos suficientes.
No es la primera vez que las aplicaciones y plataformas del Departamento fallan. Sin embargo, en esta ocasión, el problema ha sido consecuencia de los fallos de una multinacional. Ante esto, LAB considera que hacen falta soluciones: soberanía digital. Es imprescindible avanzar en esta dirección tanto en la Administración como en el ámbito educativo, dando impulso a proyectos como Iradi. En este sentido, LAB propone las siguientes medidas:
- En primer lugar, con carácter prioritario y como medida transitoria, revisar y analizar las plataformas de las que dispone el Departamento de Educación, con el fin de contar con alternativas ante situaciones de este tipo.
- En segundo lugar, avanzar en materia de soberanía tecnológica, tanto para gestionar los recursos como para garantizar los derechos digitales de la comunidad educativa, evitando que estos queden en manos del capital y, especialmente, de los grandes poderes corporativos.
- Asimismo, trabajar conjuntamente con las administraciones locales para garantizar el control de la información y los derechos digitales de la ciudadanía. Actualmente, las administraciones han dejado en manos de grandes empresas corporativas los derechos digitales de quienes formamos parte de la comunidad educativa.
Por otra parte, también es imprescindible garantizar unas buenas condiciones laborales y reducir las cargas de trabajo del personal que atiende a la comunidad educativa y que se encuentra al otro lado del ordenador.
Por todo ello, LAB exige al Departamento de Educación que avance hacia la soberanía digital y que adopte medidas en relación con las aplicaciones Hezisarea, Ordezkabidea y Ordezkagunea. Los fallos tecnológicos no pueden ir en detrimento de los derechos de las personas trabajadoras ni perjudicar la calidad del servicio de la educación pública.
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